Durante su breve paso por Salta, la funcionaria nacional dialogó ayer con El Tribuno y reconoció la cantidad de operativos de inspección laboral que se vienen realizando. No cree que haya una carrera entre salarios e inflación, y apuntó a los “formadores de precios”. Rial dijo que el diálogo social no se dio porque la UIA y los gremios “lo interpretaron mal”. Apoyó el proyecto de reparto de ganancias y afirmó que el Gobierno sólo reconoce a la CTA de Yasky.
En los últimos años, vienen subiendo los sueldos pero también los precios, ¿le preocupa esa carrera?
Mi Secretaría es la que se encarga de la negociación colectiva y es la que homologa los convenios. Yo puedo decir que recién este año podemos plantearnos que se ha recuperado el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, después de la debacle de 2001. Recién podemos decir que la mayor parte de los trabajadores, casi todo el colectivo laboral del sector público y privado, gana lo mismo en poder adquisitivo que lo que ganaba en valor dólar, uno a uno, antes de 2001. El crecimiento del salario fue una recomposición salarial, no fue un crecimiento en carrera con la inflación. De todas maneras, yo creo que la inflación no es tal, sino que hay una recomposición de precios y hay un mercado interno con mucha liquidez; lo que hace que haya algunos formadores de precios, en especial las grandes empresas alimentarias, que utilizan esa fuerte demanda y en lugar de fortalecer la oferta suben los precios. Estos temas son los que tenemos que ir ajustando.
Sindicatos, empresarios y Gobierno hablaron del diálogo social, ¿por qué no se dio?
Ese es un tema muy complejo, porque tanto la UIA y la CGT veían en el Consejo Económico Social un tercer poder. Y lo que está claro es que el Consejo tiene que tener dos características: los integrantes pueden pertenecer a los empleadores, a sindicatos o al Gobierno, pero cuando se sientan a dialogar dejan de tener representación corporativa, porque sino el Consejo no existe. Este órgano se aboca a temas fundamentales. En España, cuando yo estuve hace algunos años, se estaba discutiendo el tema de la despenalización del aborto, y el Parlamento fue en consulta del Consejo, y este elaboró una posición, que no es vinculante. El Consejo es respetado, pero no es un tercer poder, no reemplaza al Parlamento. Entonces, cuando hay que organizar una figura de este tipo, hay que saber muy bien que si hablamos solamente de precios y salarios, como se quiere en la Argentina, no hacemos un consejo económico, haremos un pacto de precios y salarios.
¿Cuál es su postura sobre el reparto de ganancias?
Figura en la Constitución desde 1957. También la presentación de los balances, nosotros lo pusimos en la ley 25.874, y debo decir que hay un 40% de las empresas que tiene más de 300 trabajadores y presenta su balance anual. Hay una reticencia a dar información y es fundamental la información, porque si no no va a haber participación en las ganancias, sino que va a haber un plus que las empresas le darán al trabajador diciendo “le doy esto”. Pero el trabajador dirá: “No, yo quiero ver los balances para ver cuánto me toca”. Personalmente, creo que sería mucho mejor articularlo con la negociación colectiva, estableciendo un piso mínimo si hay ganancias. Primero se tendría que tener acceso a los balances, luego participar en un porcentaje razonable, que puede ser 5%, y después cada actividad se sentaría a negociar razonablemente.
Sabiendo que el Indec es cuestionado y se descree de las cifras de inflación, ¿no teme que pase lo mismo con los datos de desocupación que difunde el organismo?
No. Las cifras vinculadas con inflación son muy complejas. La mayor parte de las encuestadoras privadas utiliza una canasta muy diferente a la usada por el Indec. Con relación a la desocupación, ninguna encuestadora privada salió a cuestionarla, porque es real y porque está sobre la base de la encuesta de hogares. Lo que podemos pensar es que hay un margen muy pequeño de error, porque se le pregunta a la persona si trabaja, si trabajó en la última semana y cuantas horas trabajó.
Cuando se informó que en Salta la desocupación era superior al 11%, transformándola en la de mayor desempleo, el Gobierno provincial la cuestionó porque era del Indec...
Puede llegar a ocurrir que en el conglomerado urbano y los alrededores de la ciudad de Salta, en algunos trabajos haya desocupación. Puede incidir también el momento en que se hizo la encuesta. En marzo, el índice tiende a bajar y en noviembre a subir, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los índices.
¿Cuál es la relación del Gobierno con la CGT y la CTA?
Para nosotros, la CTA es la oficial, hemos prorrogado los mandatos de todos, inclusive de Micheli que era secretario adjunto de la anterior, porque hay un litigio judicial complejo.
¿Cuáles son los puntos que van a tratar hoy en el Consejo Federal del Trabajo en Jujuy?
El Consejo Federal se reúne cada mes y medio o dos meses en distintas provincias. Esta fue una decisión que tomamos hace unos años, ya que antes se hacía siempre en Buenos Aires y nos dimos cuenta de que las provincias podrían ser sede. Siempre van al Consejo 22 de los 24 distritos del país.
En el último tiempo se hicieron muchos operativos en lo que tiene que ver con trabajo esclavo, ¿cuántos son los que se hicieron en el último año?
Nosotros los tenemos globalizados en actividades, no lo tenemos discriminado. Hay muchos casos en los que no hay trabajo esclavo, pero sí no registrado. Hemos hecho 291 fiscalizaciones, que significaron casi 3.000 trabajadores relevados; de esos, los casos de esclavitud, estrictamente, fueron pocos, pero graves.
Desde la oposición aseguran que les parece raro que recién ahora, después de ocho años de gobierno, realicen estos operativos...
No, no, los hemos hecho siempre. Empezamos a trabajar haciendo inspecciones desde 2003. Cuando llegamos al Ministerio, por una ley nacional, que es la 25.212, le habían quitado a la Nación toda la facultad de inspeccionar y se la habían dado a las provincias. Cuando nosotros modificamos la ley, establecimos facultades inspectivas concurrentes con las provincias. A partir de ahí, de 40 inspectores llegamos a casi 450. No es que hacemos recién ahora los controles, antes no había tanto trabajo esclavo. Había trabajo no registrado y el trabajo rural es una característica de trabajo no registrado. Nosotros tenemos hace dos años presentada en el Parlamento la ley de reforma del trabajador agrario, y no nos acompañan con el voto. Por eso, me sorprende las críticas de la oposición, porque ellos nos están parando una herramienta fundamental.
