La viceministra de Trabajo, Noemí Ríal, aseguró a Sala de Prensa que se controlará toda la cadena de producción. Explicó cómo se enfrenta el trabajo no registrado, el trabajo infantil, y cómo se garantizan los puestos de trabajo en las actividades que tuvo mayor impacto la crisis internacional.
Rial indicó que para evitar el trabajo no registrado hay que controlar toda la cadena de producción. Anticipó que lo hará en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Además, aseguró que cuando se puede trabajar en conjunto con el gobierno provincial y municipal los operativos de control son muchos más efectivos, porque el Ministerio pueden inspeccionar si los trabajadores están inscriptos pero no pueden realizar infracciones por las condiciones laborales. "Eso es de jurisdicción local", indicó.
Dijo que por eso es muy difícil coordinar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque no se comparte el concepto de trabajo.
"Para inspeccionar tenemos que tener la misma concepción ideológica, es decir que el trabajo que no esta registrado esta mal", enfatizó.
Se refirió al caso de los manteros, y explicó que hay muchas figuras legales para que salgan de la informalidad. Llamó a buscarles un trabajo digno bajo la forma de artesanos o de vendedores ambulantes, y afirmó que "hay mejores maneras" que estar "completamente desrregulados".
Noemí Rial indicó cómo es el proceso para detectar los lugares donde hay trabajo esclavo o no registrado. Explicó que "hay dos mecanismos: Uno es la denuncia nominal o anónima por parte de algún trabajador o vecino precisando el lugar, y con ese dato concurrimos a realizar la inspección; y el otro es el control programado, lo que antes llamábamos el rastreo calle por calle".
Aseguró que cuando ella ingresó a la Secretaría de Trabajo había mucho menos inspectores, y menos capacitados. "Ahora se hace todo interconectado con otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que nos van marcando donde se hacen las cosechas temporarias", señaló.
Comentó que en la Capital Federal, las inspecciones están vinculadas a la gastronomía, al turismo -sobre todo el Puerto Madero, las Cañitas y Palermo Hollywood- y al comercio común que está instalado a la calle. Explicó que es esos casos se suelen encontrar casos de trabajo no registrado.
En la actividad en la que dijo que se suele encontrar mayor cantidad de "trabajo esclavo" es en los talleres de vestido y de calzado.
"En los talleres de vestido encontramos ciertos mecanismos de retención ilegitima de la libertad, por ejemplo la retención de DNI o de condiciones que más de esclavitud es de promiscuidad, donde parte de los trabajadores son extranjeros que son explotados por personas, en muchos casos, de su misma nacionalidad y que trabajan para determinadas empresas", detalló, y enfatizó que "viven, comen y trabajan allí".
Rial comentó que "es común ver útiles escolares en el suelo, que los niños utilizan mientras sus mamás trabajan", y agregó que "las cocinas y los baños no tienen las condiciones de higiene necesarias". Afirmó que es usual que los talleres clandestinos se instalen en casas abandonadas.
"En el barrio de Mataderos hay muchas fábricas que fueron abandonadas y que hoy están ocupadas y usadas para este tipo de prácticas", indicó.
La Secretaria de Trabajo realizó un análisis pormenorizado de la situación. Señaló que muchas veces "el titular de la actividad es muy parecido en sus condiciones económicas y laborales a la gente que hace trabajar para él".
"Es un encargado, o un dueño del taller que tiene muchas veces prestadas las máquinas, o compradas a crédito y la mercadería la recibe de una tercero para el cual trabaja, la situación es de mucha precariedad. Es decir que en Buenos Aires estos son los casos que mas se asemejan” al trabajo esclavo, planteó.
Al ser consultada sobre el trabajo con el Gobierno de la Ciudad, Rial afirmó que "es complejo, porque para pensar que tenemos que inspeccionar tenemos que tener la misma concepción ideológica, es decir que el trabajo que no esta registrado esta mal".
"Para eso hay que tener la convicción de que no está bien cualquier trabajo. Se tiene que querer un trabajo decente", indicó y aseguró que para poder terminar con los talleres clandestinos es necesario realizar un seguimiento de toda la cadena de valor de los productos.
Para eso Noemí Rial, anticipó a Sala de Prensa que la cartera laboral trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para certificar que no hubo trabajo en negro en la cadena de producción.
"El tema es que vos podes ir a todos los 4.000 talleres clandestinos de la ciudad, inspeccionarlos, infraccionarlos, y cerrarlos, pero mientras haya empresas que los contraten estos se trasladan a otro lugar", aseguró.
Es así que llamó a las grandes empresas "que compran esos productos a que sean las que ayudan a blanquear toda la cadena de valor".
"Yo no voy a erradicar el trabajo no registrado tomando a este señor que es casi un encargado con cuatro personas a cargo, e infraccionarlo solo a él. Tengo que infraccionar a quien se beneficia con el producto final que suelen ser grandes empresas", planteó la funcionaria.
Aseguró que durante las inspecciones la Secretaría de Trabajo recoge del suelo etiquetas "que son de marcas que tiene permiso para realizar exportaciones, que figuran con diferentes nombre de fantasía, que están perfectamente capacitados a pagar como corresponde".
"Si ellos les pagan al tallerista como corresponde, el tallerista hace lo propio, Ahora si le pagan poco, cuando Trabajo realiza la inspección, el tallerista explica que no le es posible pagar otro tipo de salario", problematizó Rial.
Detalló que el INTI y el INTA convocaron a la cartera laboral para trabajar en conjunto y que el responsable de coordinar será el subsecretario de Fiscalización, Guillermo Alonso Navone.
Rial afirmó que el Ministerio de Trabajo buscará que la mayor cantidad de marcas se comprometan y que, de esa forma, "va a empezar a desaparecer el trabajo en negro".
Indicó que así habrá "menos talleres, más organizados, con más trabajadores con mejores salarios y, por supuesto, todos en blanco".
Rial señaló que hay empresas que tienen dos tipos de talleres. Unos son los que están vinculados directamente que tiene trabajadores en blanco, donde se producen los productos de primera calidad. "Los sastres, las modistas, los cortadores están en blanco", ejemplificó.
Indicó que, al mismo tiempo, muchas de esas empresas encargan trabajos a otro tipo de talleres, que es donde se encuentra el trabajo en negro. "Si hay un producto que se comercializa a 300 pesos, y a la empresa se lo venden a un cuarto", ahí se podrá detectar trabajo en negro en la cadena de valor.
Aseguró que allí hay una cadena de economía informal y que por eso además de con el INTI y el INTA se trabaja con la AFIP.
Luego se refirió al caso de la La Salada y la Saladita. “Allí -explicó- no va a encontrar demasiado trabajo no registrado porque son casi todos propietarios. Lo que tenés es una fuerte economía informal, donde tenés que seguir la cadena de valor para ver cómo llegó esa mercadería, a qué precio se comercializó, cómo ese vendedor la comercializa y a su vez cómo llega al público. Ahí se va a descubrir que hay mucha economía informal, mucho contrabando, mucha mercadería ingresa de manera ilegal".
El trabajo informal en el ámbito rural
La viceministra Noemí Rial señaló que en el resto "del país, lo que ocurrió es que se descubrió el fenómeno de la intermediación, que está prohibida en el ámbito rural".
"El trabajo agrario tiene muchísimos problemas entre ellos una vieja Ley 22.248 que autoriza la jornada de sol a sol, que establece condiciones menos que mínimas para el mundo actual, es decir que esos trabajadores, tienen que hacerlo en condiciones muy infrahumanas", comentó.
"Pero además de eso se suma, que hemos presentado un proyecto de Ley sobre trabajo agrario que lamentablemente ha sido postergado en su tratamiento en diputados y en senadores. En ese proyecto hay todo un capitulo sobre seguridad y salud en el ámbito del trabajo", aseguró refiriéndose al nuevo estatuto del peón rural que envió la cratera la Congreso.
Rial informó que el primer caso de tercerización se encontró en La Pampa para el desfloramiento del maíz. "Allí se detectó trabajadores de la otra punta del país, que venían sin conocer el contenido del contrato", comentó.
Explicó que esa situación en La Pampa se detecto "gracias a la denuncia de un trabajador, y se fue la AFIP, la provincia e intervino también un fiscal, que fue muy importante porque gracias a la intervención de la Justicia se pudo realizar el allanamiento".
Explicó que muchas veces se encuentran con la complicación de no poder allanar y de tener que ir a la población más cercana a buscar la policía, y que en ese lapso, los trabajadores o el asentamiento desaparecen.
Señaló que en ese caso había un encargado, pero "no había un propietario y se supo después que se trataba de un pool de siembra", y que "los trabajadores estaban en condicione muy precarias".
Pero además de las malas condiciones laborales, esas empresas cometían otro tipo de infracción, a la que Rial calificó como "un sujeto novedoso, que después se repitió en la provincia de La Rioja, que es la empresas de intermediación de la mano de obra".
La funcionaria aseguró que "está prohibida la intermediación en el sector agrario", y agregó que "una de las empresa era de origen francés".
Explicó que esa firma "actuaba descaradamente llevando a los trabajadores, y que quedó infraccionada por dos motivos: por ser intermediadora en una actividad que está prohibida la intermediación y además, porque había utilizado, no la sigla de la empresa prestataria de servicios de contratación temporaria sino de otra empresa del mismo grupo que ni siquiera tenía ese objeto social".
"Lamentablemente -continuó Rial- después, volvimos a encontrar la misma empresa francesa operando en La Rioja. Lo hicimos en ambos casos con Desarrollo Social es conseguirles alimentos y el dinero para que estos trabajadores puedan volver a sus hogares".
Señaló que luego se alertó de esa situación a las provincias en el Consejo Federal del Trabajo (ámbito del que participan secretarios y ministros de Trabajo de todas las provincias).
"A los pocos días, nuevamente en La Rioja nos sorprende un caso igual, con la misma empresa intermediadora, y los propietarios del campo vinculados a un diputado nacional", señaló la funcioanria.
Se refiere al caso de Alfredo Olmedo, el diputado por la provincia de Salta, y que estaba en ese momento disputando la gobernación con el actual mandatario local, Juan Manuel Urtubey. “La propiedad era de la familia”, puntualizó.
Comparó esa situación en el de la empresa FelFort. "Nosotros la inspeccionamos encontramos el 50% de los trabajadores por empresas de trabajo eventual. Los intimamos y la Justicia (La sala 6) nos dio la razón, y ahora estámos en el proceso de incorporación a la planta de todo ese personal. A mí, no me importa si está (Ricardo) Fort. Ese no es el tema. El tema es que hay una empresa que no está cumpliendo con la Ley", detalló.
“En el caso de la Rioja es lo mismo. Lo que ocurrió es que el gobierno de la provincia había autorizado tinglados con baños, sanitarios y cocina, para 800 trabajadores, y agregaron casi el mismo número de empleados con tinglados muy precarios, y carpas de nylon. En un día de lluvia que no estaban trabajando, uno de los tinglados precarios se cayó y dos trabajadores que descansaban allí perdieron la vida”, lamentó la vicemienistra.
“Ese accidente generó que el Misterio de Trabajo fuera querellante cuando se daba el caso de supuestos de retención de documentos o privación ilegitima de la libertad”, comentó e informó que el secretario de trabajo de La Rioja de ese momento debió renunciar, a petición del gobernador Beder Herrera, quien consideró que ese funcionario no había actuado con la premura necesaria.
Rial informó que la Secretaría de Trabajo también encabeza la Comisión de Trabajo Agrario, y que como respuesta a que la Ley de Trabajo agropecuario esté trabada en el Congreso, decidió sacar una resolución que establece las condiciones mínimas de trabajo.
Afirmó que "fue discutida por decir que supuestamente eleva los costos de la producción". Aseguró que "si es difícil para los pequeños productores, que deben unirse para afrontar entre todos lo costos de la infraestructura mínima para que los trabajadores estés en condiciones dignas".
Informó que las dos resoluciones que dan el marco de trabajo al sector agrario son la resolución 11/2011 de condiciones generales y la 46/2011, que agregó algunas particularidades.
"Las primeras en venir a ver cómo adecuar las condiciones de trabajo fueron las grandes empresas, y eso no fue sólo por las multas grandes que se aplicó a las compañías sino por el descrédito social que el encontrar trabajo en negro a su cargo generaba", señaló Rial.
Rial aseguró que las empresas que se ven vinculadas con formas de contratación ilegal, y que ponen en riesgo la vida de los trabajadores fueron denunciadas judicialmente por el Ministerio.
En el caso que se acredite que es el delito de trata o el delito de retención de la libertad, en ese caso hay un delito penal.
Explicó que cuando la infracción que se encuentra es que hay trabajadores que no están inscriptos, se hacen multas.
"Antes esas multas eran virtuales. Ahora hay una primera multa de 300 pesos por empleado no inscripto, y en caso de reincidencia se eleva a $5000, y se van a acumulando. En algunos casos se llega a multar por 36.000 pesos por empleado en negro", explicó.
En que caso que blanqueen al personal "en el momento en el que el inspector detecta la infracción, la multa es de $300, por uno dos o diez trabajadores. Se hace el seguimiento, para que no den de baja a los trabajadores inscriptos, y se repiten las inspecciones".
Además, Rial aseguró que se realiza trabajo de prevención y concientización. “Cada vez que un inspector ingresa en un establecimiento se entregan materiales de los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empleador”.
Además se le hace saber las ventajas que tiene un empleador por poner los trabajadores en blanco.
Recordó que sigue vigente la ley por la cual, si se blanquea a un nuevo trabajador, durante el primer año, el Ministerio de Trabajo se hace cargo de la mitad de las cargas sociales, y el segundo año del 25 por ciento. Explicó que las empresas medianas y grandes utilizan este beneficio, pero que las chicas no, en muchos casos por desconocimiento.
Al ser consultada por la situación de los trabajadores luego de una inspección, Rial señaló que "los trabajadores una vez que están en blanco recuperan todos sus derechos, y como los derechos individuales no se pierden, pueden reclamar por los aportes de los años que trabajaron en negro".
En el caso de los talleres clandestinos, muchos de los trabajadores son inmigrantes ilegales. Por eso a las inspecciones, Trabajo asiste con la Secretaría de Migraciones. Rial planteó que "en el contexto del plan Patria Grande, se les otorga un documento transitorio para trabajar, pero tiene un plazo, entre 90 y 120 días para encontrar un nuevo empleo".
Rial indicó que la comunidad boliviana es una de la más vulnerable a este tipo de explotación, y que en algunos casos, tampoco tiene documentación en su país de origen.
Planteó que se está buscando una forma de agilizar que quienes ingresen en el país a buscar trabajo tengan la documentación necesaria. Señaló que de esa forma se podrá perfeccionar la libre circulación de trabajadores en el Mercosur.
"Nuestro país es un país de fronteras abiertas, comparado con otros países de la región, ni hablan con Estados Unidos", valoró la funcionaria y destacó la importancia del programa Patria Grande y de la conformación del Mercosur, que esta tratando de consolidar el transito libre de personas.
Además, indicó que se avanzó en ese sentido con la firma del Protocolo de Seguridad Social, por el que si uno aporta en un país esos fondos son reconocidos en el otro para el momento de la jubilación.
"Con estas medidas se está tratando de implementar que el libre tránsito de las personas se efectivice tal como lo plantea el tratado de Asunción, pero para eso es necesario que el trabajador tenga una identificación", enfatizó Rial.
Trabajo infantil
La viceministra informó que según la encuesta que hizo la Subsecretaría de Estudios Laborales del Ministerio, hay dos tipos de trabajo infantil: el rural y el urbano.
"El trabajo infantil rural puede ser acompañando a la familia" y que "para evitar eso hay que mejorar las condiciones económicas en el peón y en el trabajador rural, para que trabaje él y su mujer pero nos sus hijos". Afirmó que por otro lado tener el lugar para contenerlos, y por eso se están creando guarderías en zonas rurales.
El otro tipo de trabajo infantil es cuando son contratados por capataces para que los niños cumplan tareas puntuales, como es por ejemplo la recolección de los limones.
"Este tema se cortó cuando se les exigió a las empresas que exportan esta materia prima, la certificación de que los productos no utilizan mano de obra infantil. Eso resultó. El famoso certificado, es un método efectivo para frenar el empleo infantil en los ámbitos rurales", aseguró.
Explicó que se está trabajando en el mismo sentido en el ámbito textil para que ningún producto se pueda exportar ni vender sin tener esa estampilla que garantiza que no utilizan trabajo infantil.
"Se firmaron acuerdos de compromiso social empresario con más de 300 grandes empresas que se comprometen a no contratar niños, ni usar subcontratación en la que participen niños de la producción", comentó.
Rial aseguró que en la lucha contra el trabajo infantil y juvenil la Asignación Universal por hijo fue esencial, "porque al tenerla las familias se garantizan un ingreso por mandar a los chicos a la escuela, y al tener que cumplir con el 75% de la asistencia muchos chicos fueron sacados del circuito laboral y retornaron a la escuela".
"El trabajo infantil tiene que ver con situaciones de extrema pobreza e indigencia. Si se logra romper con los ciclos de pobreza e indigencia el trabajo infantil tiene a desaparecer", afirmó.
Programa de Reactivación Productiva
Noemí rial realizó un análisis de cómo afectaron las cenizas del volcán Puyehue en la zona patagónica. Explicó que luego del gran impacto en el sector productivo y turístico en esa zona, mediante el Programa de Reactivación Productiva (Repro) se logró contener la situación.
Fueron más de 15.000 en ese caso, pero aún hay sectores que reciben ese beneficio que comenzó a otorgarse durante el comienzo la crisis financiera internacional de 2008.
Rial indicó que en colaboración el Ministerio de Agricultura, se "está otorgando también al productor de hasta 50 hectáreas, del alto valle de Río Negro de pera y manzana".
"Estaban con problemas para hacer el raleo y la recolección de la fruta y todavía tenían créditos no cubiertos por parte de los acopiadores del año anterior", puntualizó.
Aseguró que se hizo "una reunión de un observatorio que impulsa el Ministerio de Agricultura como consecuencia de eso, se decidió dar el Repro de hasta 500 pesos a los productores de hasta 50 hectáreas, para ayudar en la contratación del personal en el periodo de la cosecha".
Luego señaló que hay algunos sectores que lo están recibiendo de manera permanente, porque "aún no han logrado resolver sus inconvenientes, como son las curtiembres".
"Se está tratando de asistirlas. Se supone que el año que viene va a bajar el precio del cuero y va a aumentar la cantidad que ingrese para ser trabajado y eso estabilizaría el mercado", dijo.
Explicó que al subir los precios de la materia prima en es sector y al tener dificultades para "conseguir mercados en el exterior por la crisis en estados unidos y Europa" fue necesario sostener el empleo en esas actividades otorgándoles Repro.
"Quedan también algunos resabios en la industria de la cerámica, que antes se le habían otorgado a todas la empresas del sector del país y ahora se han centralizado en la provincia de Buenos Aires", detalló y afirmó que se "supone que a fin de año se estabilice definitivamente".
"Este programa nos ha permitido que no haya ningún despido durante esta crisis internacional", reflexionó y recordó que otras de las beneficiarias del programa fueron las automotrices pero que "se recuperaron enseguida y en 2009 dejaron de recibir el programa de recuperación productiva".
Rial explicó que los Repro también se asignan en "casos de crisis puntuales, de una empresa" a la que se les pide "el estado contable actual, los tres últimos balances, se chequea la situación con el sindicato con personería gremial para verificar que realmente necesite el apoyo".
La viceministra Noemí Rial, explicó que si bien es mucho en lo que se avanzó aún quedan situaciones por resolver hasta lograr que la totalidad de los trabajadores estén registrados.
Convocó a los empresarios y trabajadores a tener una mayor responsabilidad y destacó la importancia de poder coordinar con otros organismos, con los gobiernos locales y con los sindicatos para poder garantizar los derechos laborales.
