LA CRISI MUNDIAL Y LA EXPERIENCIA ARGENTINA
El mundo del trabajo se enfrentó al desempleo desde fines del siglo XX y lo que llevamos transitado del XXI, y aumentó a pesar de las promesas del derrame de la década de los ´90 y generó el crecimiento de la pobreza en el mundo.
La Organización Internacional del Trabajo advertía, en el año 2002, de la parcialidad en la distribución de la riqueza y el crecimiento de la injusticia, al afirmar que “la mitad de la población vive con menos de dos dólares al día”1.
En la búsqueda de mayor equidad, el trabajo se presentaba como la herramienta más idónea para distribuir y acumular riqueza.
El discurso hegemónico instalado por las corrientes neoliberales del pensamiento económico había centrado muchas esperanzas en la globalización, entendida esta como un proceso inevitable que finalmente produciría progreso social y equidad. Los resultados fueron otros. La globalización generó riqueza y bienestar para algunos, pero también es responsable de la persistencia de las desigualdades y la exclusión social.
El desempleo oficial creció en la mayoría de los países en desarrollo y las estadísticas aún no reflejan que el subempleo se presenta como un problema más grave. “El trabajo de los pobres es en gran parte invisible y sigue sin tenerse en cuenta y subestimando en una enorme proporción el trabajo de las mujeres. Pero el mayor fallo del sistema actual es que los jóvenes no ven futuro para ellos”2.
“Crecer primero y distribuir después” trajo como consecuencia que haya más pobres y desempleados que nunca desde la Gran Depresión del decenio de 1930. Y la Argentina no fue la excepción a estos desajustes porque desde el comienzo de la gestión iniciada en mayo del año 2003, este Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, respondiendo a una política de Estado que aunó sus esfuerzos para mejorar los ingresos de los sectores más desprotegidos a fi n de colocar el empleo en el centro de todas las políticas públicas, destinó gran parte de los recursos a este propósito. La situación de la población más desprotegida era crítica y debía abordarse esta problemática sin vacilaciones.
La herencia de la década del noventa puede definirse en el complejo panorama social que determinó el estallido social del 19 y 20 de diciembre del año 2001.
En el año 2002 la Argentina atravesó una crisis económica y social de una magnitud desconocida. El PBI se redujo en más del 11%, el desempleo abierto alcanzó el 21,5% y se llegó a que casi el 58% de la población viviese en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza3.
Tal como se ha reiterado, la aplicación de una política de estabilización basada en un cambio fijo dentro de un marco de apertura comercial y de los movimientos de capitales no podía sino generar un primer ciclo expansivo para luego terminar en una faz contractiva4.
Por otra parte, aún en la etapa expansiva frente a un producto bruto que crecía en forma sostenida, fue muy débil la creación de empleo, y esta pobre performance se vio agravada en la recesión producida en la mitad de la década. Otras medidas en línea con los criterios de “reducir los costos laborales” para reducir el desempleo, como la rebaja de las contribuciones patronales a la seguridad social; la incorporación de modalidades contractuales que precarizaron el mercado de trabajo y la utilización de extensos períodos de prueba agravaron la situación de los trabajadores. Los salarios fueron impactados por las crisis económicas del período teniendo en cuenta que en el año 1996 habían perdido el 11% de su poder de compra.
A mediados del año 2002, con la salida de la convertibilidad, tras una primera etapa de fuerte depreciación del peso y del incremento de los precios internos, se pudo mantener el tipo de cambio y se elevó la competitividad de los sectores productivos de bienes transables. Esta situación comenzó a golpear sobre el empleo pero recién en el año 2003 se visualizó el comienzo de un crecimiento sostenible que se mantuvo hasta fines del año 2008.
La generación de empleo debía estar acompañada por el restablecimiento del poder adquisitivo del salario y para ello la recuperación de la negociación colectiva, como el instrumento indispensable para la movilidad salarial, era el camino adecuado.
La negociación colectiva comenzó a incrementarse en el año 2003 y logró que los actores sociales recuperaran la confianza en ella a partir de una fuerte intervención del MTEySS, que actuó como árbitro de las relaciones laborales fomentando el diálogo social. Los datos en materia de negociación colectiva del sector privado dan prueba de que el resultado fue altamente positivo.
La evolución de la negociación colectiva desde el año 2003 a la fecha, aún con la reciente crisis que afectó mundialmente al empleo, ha demostrado que los actores sociales recuperaron la credibilidad en una herramienta genuina para fijar salarios y condiciones de trabajo, fortaleciendo el diálogo bipartito.
En el año 2002 se homologaron sólo 208 convenios y acuerdos, mientras que en el 2007 el número fue de 1.027 y en el año 2008 de 1.551. En el año 2009, se mantuvo el ritmo negocial y hacia fines de noviembre ya se habían homologado 1.491 convenios y acuerdos colectivos5.
Las políticas activas en materia salarial impactaron también en el sector público, renovándose el convenio marco para la Administración Pública Nacional (Decreto Nº 214/06) así como los convenios sectoriales que permitieron no sólo la recomposición del salario de este colectivo laboral numéricamente muy importante, sino también la implementación de políticas sectoriales, receptando las especificidades de un sector que se caracterizó por su diversidad6.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo tripartito que funciona en el MTEySS, integrado por el Poder Ejecutivo, las organizaciones representativas de la actividad agropecuaria, en sus distintas formas, y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, a pesar de los conflictos suscitados entre estos actores sociales y el gobierno nacional, lograron negociar salarios y actualizar los mismos en directa relación con el Salario Mínimo Vital Móvil. Las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores domésticos también se actualizaron en la misma medida que el salario mínimo.
Otra de las herramientas que se fortaleció y representó un cambio fundamental en las políticas salariales fue la actualización del Salario Mínimo Vital Móvil, consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que fue dejado de lado desde el año 1993. Se elevó el monto del SMVM a $250 a partir del 1° de julio de 2003 y se incrementó a $260 en agosto; $270 en septiembre; $280 en octubre; $290 en noviembre, para establecerlo, a partir del primero de diciembre del año 2004 en $300 (Decreto N° 388/03).
Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 1349/03 (DNU), se incrementó el SMVM en $350, a partir del primero de enero del 2004.
En septiembre del mismo año, se restableció el funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, Mínimo, Vital y Móvil (CNEPySMVM), que fijó el salario en $450, con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2004.
A partir de esa primera convocatoria, el Consejo recuperó su protagonismo como una de las más importantes expresiones del diálogo social y el consenso como herramientas para fortalecer la institucionalidad y la democracia en nuestro país. En el año 2005, por Resolución 2/2005, el Consejo fijó un SMVM de $510 desde el 1° de mayo; de $570 a partir del mes siguiente y de $630 desde el 1° de julio del mismo año.
La Resolución CNEP y SMVM 2/2006 fijó el salario en $760 a partir del primer día de agosto del año 2006; $780 a partir del mes siguiente y en $800 a partir del 1° de noviembre.
El año siguiente, también por Resolución del CNEP y SMVM (3/07), se determinó el valor del SMVM en $900 a partir del 1° de agosto; $960 a partir del 1° de octubre y $980 a partir del 1° de diciembre.
La Resolución 3/2008 del Consejo fijó el salario mínimo en $1.200 a partir del 1° de agosto y en $1.240 a partir del 1° de diciembre.
Este año se ha establecido el salario mínimo, vital y móvil en $1.400 a partir del 1° de julio de 2009; $1.440 desde septiembre y $1.500 a partir de enero del 2010.
Esta larga, y para el lector, algo tediosa enumeración de la evolución del SMVM, tiene una razón fundamental y es que a pesar de que la Ley Nacional de Empleo otorga al presidente del Consejo la facultad de laudar en el supuesto de no lograrse las mayorías necesarias, desde que se constituyó en el año 2004 todas las resoluciones fueron adoptadas por mayoría7.
Pero además de la promoción de la negociación colectiva y de las periódicas convocatorias al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el salario Mínimo, Vital y Móvil, el MTEySS recuperó sus competencias para controlar y fiscalizar el cumplimiento de la seguridad social en todo el territorio nacional y aplicar las penalidades correspondientes en caso de detectar incumplimientos, combatiendo de esa manera el empleo no registrado, que a inicios del año 2003 afectaba a casi el 50% de los asalariados argentinos (Ley 25.877, promulgada en marzo de 2004).
Mediante el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que se puso en marcha a fines de agosto de 2003, se fiscalizaron más de 700.000 empresas y relevaron a más de 2.200.000 trabajadores.
El notable crecimiento económico que experimentó la Argentina desde mediados del año 2003 es el factor que mejor explica el crecimiento del empleo registrado, pero la recuperación de la capacidad de inspección del Estado Nacional, sin dudas, contribuyó al descenso de una tasa de no registración que daba cuenta de la extrema precariedad del escenario laboral de fines de los años ´90 y principios del año 2000.
La crisis global
En este contexto, la crisis del año 2008 ha socavado el empleo, en nuestro país como en la mayoría de los países, pero la decisión política de proteger el empleo por encima de cualquier otro instituto para evitar que la crisis la sostengan los asalariados, nos ha permitido, junto con Brasil, mostrar el menor impacto en la pérdida de puestos de trabajo en América Latina.
Esta crisis global que fuera caracterizada como una “crisis financiera”, hoy es sin duda una crisis mundial que se extiende a toda la “economía real” de los países y, por ende, a los mercados de trabajo.
Según documentos de la OIT8 sólo en el año 2008 el número de desempleados aumentó en 11 millones. Se estima que a finales de este año otras 40 millones de personas podrían perder sus empleos.
El organismo internacional explica el avance de la crisis sobre la economía real, básicamente por tres canales de transmisión que se refuerzan mutuamente:
-La disponibilidad limitada del crédito (para la producción y el consumo).
-La prudencia de los Estados en las decisiones relativas al gasto (que, según la OIT, conduce a la disminución de la producción, el empleo y los precios).
-Los vínculos internacionales en los ámbitos del comercio y la inversión.
Tal vez el mayor riesgo de esta crisis es, como afirma la OIT, que se produzca una recesión prolongada en el mercado de trabajo. Resulta inaceptable que el empleo sea, otra vez, la variable de ajuste de un conflicto provocado por la voracidad de los mercados financieros.
Como ha sucedido en trances anteriores, los más perjudicados son los sectores más vulnerables: las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los trabajadores poco calificados. La experiencia histórica demuestra que los mercados de trabajo se recuperan mucho más lentamente que los mercados financieros y por eso, según nuestra visión, es tan importante, en este momento, agotar todos los mecanismos posibles para preservar el empleo. Los países, los Estados, parecieran haber actuado en esta crisis con la celeridad que la situación imponía pero, la mayoría de los centenares de miles de millones se han destinado al sostenimiento o la estabilización de los sistemas financieros. La ayuda para estimular la demanda, la producción y el empleo ha sido, hasta el momento, por lo menos insuficiente.
Para superar la crisis, la OIT propuso (y la Argentina acompañó la iniciativa) un “Pacto Mundial para el Empleo”, porque “no será posible reactivar la economía de manera sostenible, a menos que se haga mayor hincapié en la oferta de trabajo decente y productivo”.
La OIT sostuvo que es necesario “aplicar un enfoque mundial porque, para que las medidas sean eficaces ante una crisis que tiene precisamente ese carácter, es imprescindible evitar las soluciones proteccionistas”.
Nuestro país ha coincidido con estos conceptos, implementando estas políticas, y también ha acordado en la urgencia de definir cuanto antes un plan mundial de estas características.
Establecer un panorama diferente de los mercados laborales en un contexto de índices estructurales de desempleo que deben ser considerados y atendidos con políticas públicas. Muchos sectores de la producción se verán seriamente afectados y no se recuperarán los índices de empleo de otras épocas, o ese proceso de recuperación será muy lento.
Pero esta crisis, hoy de alcances globales, tuvo un origen geográficamente preciso y unos responsables económicamente identificables, a quienes, paradójicamente, les fueron destinados los mayores montos de los planes de salvación.
El sistema financiero internacional y los organismos multilaterales de crédito deben ser reformulados y puestos al servicio de la producción y no de la especulación. Desde hace más de cinco años la Argentina, junto a otros países de la región, reclama nuevas y más estrictas regulaciones que contengan la especulación financiera, y nuevos roles para los organismos de crédito internacionales.
También coincidimos en que las salidas “proteccionistas” no son las ideales (durante años la Argentina abogó con pocos resultados ante la OMC para que se eliminen las barreras a sus productos de origen agropecuario), pero no cabe duda que se debe privilegiar fuertemente a los mercados internos como dinamizadores de la economía y como generadores de empleo.
Para nuestro país la solución nunca se pensó a partir de la reparación del modelo agotado. La situación crítica de los mercados internacionales es un desafío para la construcción de un nuevo escenario donde, como dijera nuestra Presidenta, la nueva relación internacional deberá estar apoyada en la cooperación y no en la subordinación.
Con la experiencia de la grave crisis padecida en los años 2001-2002, se apostó al crecimiento con empleo, al trabajo decente, a la recuperación de los salarios, a la igualdad de oportunidades, a la formación y capacitación profesional, a la intermediación entre la demanda y la oferta del trabajo. Apostó a “más y mejor trabajo”.
En este sentido, se debe reconocer un nuevo papel para el Estado, un rol tutelar, pro-activo y de protección del trabajo. Este nuevo rol debe estar acompañado por un fuerte arraigo en los valores de la justicia social. Por lo que el empleo debe convertirse en el centro de las políticas públicas y no ser una variable de ajuste.
La Argentina ante la crisis global
Claro que el Estado no ha sido indiferente ante el nuevo escenario mundial, y en tal sentido puso a disposición de los actores sociales una serie de instrumentos cuya primordial intención fue la de contribuir a preservar el empleo de calidad.
Nuestro Gobierno puso en marcha un “Plan Anti-Crisis” (priorizando el rol del Estado y la centralidad del empleo) el cual incluyó, entre otras, las siguientes medidas:
• Recuperación por parte del Estado del sistema previsional;
• Creación del Ministerio de Producción, destinado a fomentar la competitividad de las empresas, a fi n de sostener la actividad comercial para mantener el nivel de empleo;
• Fomento de las exportaciones a través de la búsqueda de nuevos mercados y de prefinanciación;
• Fuerte estímulo a la demanda interna a través del gasto y la inversión pública (infraestructura, viviendas y escuelas);
• Líneas de crédito para reactivar el consumo en el sector automotor, electrodomésticos, turismo y maquinaria agrícola;
• Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y regulación tributaria especial;
• Moratoria previsional condicionada a la regularización y protección del empleo;
• Aumento a los jubilados y pensionados por aplicación de la Ley de Movilidad Previsional.
• Asignación universal por hijo para protección social (a partir del 1° de diciembre de 2009).
La intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
La crisis global, a pesar de unas pocas voces de advertencia que no fueron escuchadas, sorprendió al mundo. Tras la sorpresa inicial, como quedó reseñado, las principales economías del mundo concentraron la mayoría de sus esfuerzos y recursos en sostener al golpeado sistema financiero.
En nuestro país, la debacle encontró a un sistema financiero y bancario local fortalecido y sin problemas de liquidez y con un nivel de reservas en el Banco Central que alejó rápidamente los iniciales temores de corridas o de traumáticas devaluaciones del peso (aún cuando no pocos actores económicos pronosticaban o sencillamente alentaban fuertes devaluaciones).
Pero más allá de la solidez del sistema financiero, el aparato productivo local, sobre todo los sectores vinculados a la exportación y a la producción de bienes de uso, comenzaron a sentir los efectos de la crisis internacional y de la desaceleración de la demanda.
Tal vez por el simple mecanismo de recurrir a la “memoria histórica” construida por las periódicas crisis de etapas anteriores, empleadores tuvieron como primer reflejo ajustar sus costos por la vía del despido o las suspensiones o por el congelamiento de los salarios y por ende de la negociación colectiva. Por su parte, desde el movimiento sindical, dirigentes o referentes del sector reclamaron el retorno de medidas excepcionales implementadas tras la crisis de finales del año 2001, como pudieron ser la duplicidad de las indemnizaciones por despido o el otorgamiento de incrementos salariales generales por la vía de decretos del Poder Ejecutivo. Las respuestas del MTEySS fueron otras, inmediatas y más efectivas.
Sin recurrir a medidas excepcionales o a complejos entramados legales, la cartera laboral intervino en el mercado de trabajo aplicando la normativa vigente en el marco de sus competencias (o brindando apoyo y colaboración a las provincias cuando las competencias estaban en manos de las jurisdicciones locales, como por ejemplo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, o la gestión de los conflictos colectivos), e incentivando y promoviendo la negociación colectiva y la responsabilidad de los actores como mecanismo para encontrar las más aptas soluciones consensuadas, coyunturales, a mediano y largo plazo, para cada sector.
Y fue en este marco que las principales medidas instrumentadas por el MTEySS para enfrentar los efectos de la crisis fueron las siguientes:
• Fuerte coordinación con el Consejo Federal del Trabajo para unificar el accionar de la administración del trabajo en todo el país y defender el nivel de empleo;
• Promoción e incentivación de la negociación colectiva y del sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios;
• Aplicación del Procedimiento Preventivo de Crisis (normativa que obliga a las empresas a presentarse a la autoridad laboral ante la intención de producir despidos o suspensiones colectivas), con el objeto de evitar despidos colectivos;
• Ampliación presupuestaria para la aplicación del Programa de Recuperación Productiva, que establece subsidios directos a los trabajadores a fi n de pagar parte del salario en empresas afectadas por la crisis;
• Régimen para la Regularización de Relaciones Laborales y Promoción para la Incorporación de Nuevos Puestos de Trabajo, Ley N° 26.476/09, por la cual se intenta incorporar a los trabajadores precarios a la protección del empleo formal, brindando el beneficio de moratoria previsional al empleador; y
• Fortalecimiento de la protección social frente a la crisis, a través de la ampliación del sistema contributivo de seguro de desempleo y el no contributivo de capacitación y empleo.
La labor de coordinación con las administraciones provinciales, a través del Consejo Federal del Trabajo, fue excepcional. Nunca como en esta etapa quedaron de lado las recurrentes (y a veces recelosas) cuestiones de las “competencias” de cada jurisdicción. Al margen del signo político de cada provincia o de las naturales diferencias de enfoque o criterio, no existieron obstáculos de ningún tipo cuando el tema era sostener el empleo. Cuando fue preciso, algunos solicitaron auxilio y otros brindaron ayuda; se trabajó en conjunto cuando fue necesario y los resultados han sido alentadores.
Mediante el Procedimiento Preventivo de Crisis, el MTEySS, en conjunto con las administraciones de trabajo provinciales, logró que en más del 50% de los casos las empresas modificaran las medidas que inicialmente tenían previsto aplicar o la cantidad de trabajadores que se verían afectados.
Por este tipo de intervención del Estado se retrotrajeron despidos y suspensiones, se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores despedidos y se reemplazaron despidos y suspensiones por otras medidas que preservan el vínculo laboral, como reducciones de jornada, adelanto de vacaciones y reorganización de tareas. Como se mencionó, se asignaron recursos adicionales al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), iniciativa que permitió mantener la marcha y el empleo en miles de empresas con dificultades coyunturales, producto de la crisis global.
En materia de negociación colectiva, a la luz de los resultados (más de 1.500 convenios y acuerdos homologados a fines del año 2009), quedó demostrado que los actores sociales supieron ponerse a la altura de las circunstancias y actuar responsablemente.
Al analizar la evolución de la negociación colectiva a lo largo del 2009, se advierte que en la primera mitad del año las partes privilegiaron la adopción de cláusulas de paz social y en algunos casos de suspensiones rotativas del personal. En este lapso, en materia salarial pudieron observarse la aplicación de sumas fijas, difiriendo para otro momento los clásicos incrementos porcentuales para toda la escala. Pero ya en el segundo semestre y más claramente desde el mes de agosto, los contenidos de la negociación colectiva retoman los parámetros previos a la crisis: desaparecen las cláusulas de suspensiones pactadas y predominan las salariales y los incrementos porcentuales para todas las categorías del convenio.
Quizá la herramienta “estrella” para enfrentar la crisis desde el MTEySS fue el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que reconoce sus orígenes en el año 2002, con el objetivo de brindar un auxilio económico a los trabajadores de empresas con dificultades financieras o económicas coyunturales.
En el año 2003, mediante el REPRO, se brindó asistencia a casi 16.000 trabajadores de 1.328 establecimientos, destinándose a tal fi n casi 13 millones de pesos. Entre los años 2004 y 2007 la aplicación del programa fue casi marginal: 152 establecimientos en 2004; 55 en 2005, apenas 27 en 2006; 63 en 2007. En el 2008 se brindaron beneficios a casi 23.000 trabajadores de 448 empresas y se erogaron poco más de 53 millones de pesos; la mayoría de estos beneficios fueron otorgados en el último trimestre del año.
Las cifras del año 2009 indican claramente la decisión del Estado de intervenir con firmeza para sostener el empleo (obviamente, se accede al programa sólo con el compromiso de no producir despidos y suspensiones y con la aprobación de la entidad sindical correspondiente).
Durante este año, casi 140.000 trabajadores de 2.669 establecimientos de todo el país recibieron ayuda por más de 500 millones de pesos.
Los principales indicadores del REPRO del año 2009 (datos a noviembre) son los siguientes. El 77% de los establecimientos ingresados al REPRO corresponde a empresas con menos de 50 trabajadores. La cantidad total de trabajadores en dichas empresas es de 27.051 lo que representa el 19.4% del total de trabajadores ingresados al programa. De los 2.669 establecimientos beneficiados por el programa, 2.577 son Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).
En cuanto a la distribución territorial de los beneficios otorgados, en todas las jurisdicciones se destinaron recursos. Los trabajadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por sus características demográficas y productivas fueron las que recibieron la mayor cantidad de beneficios.
Conclusión
Tras la crisis se nos presenta la posibilidad de construcción de un nuevo escenario, que demande una mayor cooperación internacional y una fuerte suscripción por parte de los gobiernos y organismos internacionales a los valores del trabajo decente.
En este sentido, nuestro gobierno ha insistido en la necesidad que la Organización Internacional del Trabajo participara en igualdad con los organismos multilaterales de crédito en la reunión de los países del G-20 y fue iniciativa de la Argentina y de Brasil que vieron plasmada en Pittsburgh la oportunidad cuando el Director General de la OIT participó en la reunión. Este logro no es una cuestión formal, no se puede resolver la crisis sin oír la voz de quienes realmente la padecen. Los trabaja dores represados por este organismo tripartito fueron escuchados9.
El G-20 consideró el tema del “empleo” como efecto real y palpable de la crisis, especialmente en los países en desarrollo donde los mecanismos de protección social gozan de recursos limitados, o en su caso inexistentes; conllevando, por lo tanto un impacto o crisis social mucho más aguda que en las economías desarrolladas. Asimismo, el efecto sobre el empleo, se traduce en el deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo.
En la reunión del Consejo de Administración del mes de noviembre del año 2008 empleadores, trabajadores, y organismos multilaterales de crédito ofrecieron su visión de la crisis y la huella sobre el empleo. Varias fueron las recetas que se presentaron, algunas como las expuestas por el FMI que propiciaban las viejas fórmulas de recesión, contención del gasto público y de la demanda interna. Otros en cambio, apostaron a una fuerte participación del Estado en la contención del empleo y en la implementación de políticas de inversión que facilitaran su crecimiento.
La Argentina ha optado por este camino, las medidas para preservar la fuente de trabajo que siempre se vieron acompañadas de otras que recuperaron empresas a partir del crédito, que continuaron con los programas de inserción laboral de jóvenes, que protegieron a los colectivos laborales más débiles, que demostraron, finalmente, que el Estado debe intervenir siempre para mantener los equilibrios y propiciar la inserción social y la mejor distribución de la riqueza.
Para finalizar, esta posibilidad de cambio que hoy planteamos, sólo será sustentable en la medida en que, por un lado, los Estados mantengan la decisión política de impulsar y sostener la economía real de producción y trabajo, cuyo eje sea la inclusión social y la distribución de la riqueza y, por otro lado, la necesidad de llevar este mensaje al sistema de Naciones Unidas, dotándolo de la coherencia y equidad que todos reclamamos.
* Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina.NOEMÍ RIAL
1 OIT. Año 2003. Superar la pobreza mediante el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo 91ª reunión, 2003.Ginebra.
2 Cita referenciada en 1.
3 Beccaría, Luis-Maurizio, Roxana ”Mercado de Trabajo y distribución personal del ingreso”, en Trabajo, Ingresos y Politicas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI (Javier Lindenboim-compilador).Ed. EUDEBA, 2008.
4 Damill,Frenkel y Maurizio (2003) citado en el artículo referenciado en la nota.
5 Datos de la Secretaria de Trabajo, del MTEySS.
6 Rial, N. “La negociación colectiva en el sector Público” en Tratado de Derecho del Trabajo. Tomo VII, Relaciones
7 Rial N., “El salario mínimo, vital y móvil: una institución consolidada”. Revista Derecho del Trabajo. Año LXIX, número
8 OIT. “La crisis financiera y económica: una respuesta basada en el trabajo decente” (HTM/1) y “Temas para el debate” documentos base utilizados en la discusión de la Reunión Tripartita de alto nivel sobre la crisis financiera y económica mundial.
9 Mientras se elaboraba este articulo, los trabajadores españoles protagonizaron una marcha donde reclamaban protección al trabajo.
