Publicado el 5 de Septiembre de 2010
Por Mariano Beristain
Recuerda que el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias y el directorio figura taxativamente en la Constitución y en la Ley de Contrato de Trabajo. “No creo que tengamos ninguna duda en acompañar la iniciativa”, asegura.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, conversó durante dos horas con Tiempo Argentino. La entrevista íntegra de Rial hubiera completado cuatro páginas sabrosas, sin desperdicio. Tuvo definiciones políticas interesantes, y también demostró sus conocimientos de los distintos rincones del trabajo. Rial habló en profundidad de la participación de los trabajadores en las ganancias, un tema controvertido para los empresarios pero que está contemplado en la Constitución. No eludió una sola pregunta, habló del trabajo en negro y de la ley de riesgos, dos de los costados sensibles de la política oficial. No se la pierda.
–A medida que transcurre el tiempo, los actores ganan experiencia y las negociaciones paritarias se complejizan...
–Es verdad, ya no son simplemente venir y pedir un incremento. Empresarios y trabajadores conocen muy bien la actividad y los resultados económicos, porque algunas empresas cotizan en la Bolsa. De hecho, el gremio de la alimentación logró un aumento del 32% porque partió de una base salarial muy baja, y cuando los empresarios vinieron a plantearle que era muy alto el reclamo, la Federación se presentó con los balances en la mano y les dijo: “señores, ustedes cotizan en Bolsa, tuvieron un incremento del 40% de sus ganancias y vienen aumentando los precios desde agosto del 2008. Queremos un aumento de salarios en serio”. Esta forma de negociación es distinta. Los trabajadores frutícolas manejan los datos de exportación de Expofruit y Moño Azul porque las empresas siempre se sientan en la mesa y dicen que están perdiendo dinero, que ese año no tienen compradores.
–Para afrontar con éxito este tipo de mediaciones, ¿Trabajo tiene qué articular la información con otros ministerios?
–Sí, por ejemplo, con el secretario de Pesca, Norberto Yaguar, hablo más que con mi marido, porque ellos están renovando los permisos de pesca en una negociación consensuada con sindicatos y empresarios. Además, se sientan a actualizar los convenios que no renovaban hace 20 años. Nos sentamos y firmamos un acuerdo, que tiene un ribete económico para los empresarios y uno laboral para los sindicatos que pueden renovar salarios. También ocurrió en el caso de un conflicto de petróleo y gas, llamé a el (subsecretario) Roberto Baratta para comunicarle que había un conflicto, él se puso al habla con el dirigente, yo conversé con el gobernador y el secretario de Trabajo provincial. Fuimos armando una trama que, finalmente, terminó con una conciliación obligatoria conjunta de la provincia y la Nación. Se solucionó el conflicto. El Ministerio de Trabajo en otras épocas era una oficina de Economía. Ahora, en cambio, nos consultan. En estos siete años hemos tomado algunas decisiones que han jerarquizado el Ministerio.
MÉTODOS DE PROTESTA
–El establishment económico está furioso con (Hugo) Moyano…
–Cada vez que aparece el Sindicato de Camioneros hay una actitud de enojo, quejándose por los bloqueos. Yo te puedo decir, sin que eso implique un acuerdo con la metodología, que cuando camioneros plantea un reclamo es porque, como diría Evita, ahí hay un derecho.
–Cuestionan la metodología, pero olvidan la razón del reclamo…
–Hay una posición de una parte de la sociedad, impulsada por algunos actores sociales, que criminalizan el reclamo. Estoy viendo el escándalo que hacen con los chicos, considerando una barbaridad que un dirigente estudiantil quiera hacer política. Y enganchan a los padres y a algunos oyentes que dicen disparates, cuando realmente todos empezamos haciendo política en la vida estudiantil. ¿Cuántos años hace que el Mariano Acosta se está cayendo a pedazos? Y es uno de los mejores colegios de formador de formadores. Entonces, ¿qué tiene de malo que los chicos tomen el Buenos Aires para evitar que vendan los terrenos de la costanera? Ahora, cuando cortan la calle en Caballito porque no quieren un edificio más alto de ocho pisos está perfecto. La Ciudad de Buenos Aires es una rica, no tiene por qué tener escuelas descalabradas.
LEGISLACION LABORAL
–Todavía queda de pie mucha legislación laboral de los ’90…
–Dividiría el tema en dos ámbitos: el del derecho colectivo y el individual. En cuanto al primero, el ministerio logró derogar la ley Banelco. No hubiera habida negociación colectiva si persistiera esa normativa. Además, incorporamos cambios sobre servicios esenciales, una comisión de garantía absolutamente independiente, somos una de las legislaciones más modernas del mundo. El otro día la OIT, que siempre nos reta, nos elogió. Queremos acabar con esa legislación vergonzante del año 1956, que regula el trabajo rural y la Ley de trabajo a domicilio.
–¿Y en materia de derecho laboral individual?
–Se creció mucho con los proyectos que aprobó el Congreso. Por ejemplo, el artículo de irrenunciabilidad de los derechos. Así, por más que el trabajador firme 25 papeles, siempre puede reclamar, porque se considera que estaba bajo presión o que se violentó su voluntad. Además, se derogaron los tickets, un calvario para los trabajadores, que en la década de 1990 era la única manera de conseguir aumentos salariales. Ahora se está trabajando para eliminar las sumas no remunerativas, de forma paulatina, para que los convenios colectivos lleguen al 2011 con todas las sumas remunerativas. Esto es muy importante para el trabajador y para la seguridad social. Creo que lentamente, por el trabajo del doctor (Héctor) Recalde, se fueron incorporando artículos a la Ley de Contrato de Trabajo de antes de la dictadura. Quizás falta restablecer aquellos artículos donde había mayor participación del sindicato y que ayudarían a terminar con el trabajo en gris, que era la necesidad de que estuviese el delegado cuando se pagasen los salarios. En este caso, con la bancarización, se entrega el recibo del pago del salario y después es difícil verificar si el empleador no paga una parte del salario en negro porque, muchas veces, lo que figura en el recibo es el salario de convenio.
PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS
–El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Hace poco lo planteó Recalde. ¿Qué opina?
–La Ley de Contrato de Trabajo también lo menciona. El problema fundamental para la participación en las ganancias es que hay que institucionalizarlo en el Balance Social, que fija la Ley 25.877. Las empresas con más de 300 empleados deben entregar a los trabajadores el Balance Social con una copia al Ministerio de Trabajo. Pero menos del 20% lo hace. No obstante, si no tengo acceso a la información de la empresa, como sindicato y trabajador, va a ser difícil que pueda participar en las ganancias. Puedo tener una participación ficta, no una real. El segundo tema es volver a incorporar la presencia de un directivo sindical dentro de la conducción del directorio de las empresas para conocer el manejo efectivo de las mismas.
–¿Hay casos en la Argentina?
–Una de las que tiene participación en las ganancias es el sindicato de la UOM, de Naldo Brunelli, en una planta de Siderar. El gremio sabe la cantidad de camiones que ingresan y salen, a quiénes se venden, cómo se vende. La información les permite sentarse a discutir sobre la participación en las ganancias, saber de qué se está hablando. También están aquellos casos de una cantidad de sueldos de premio anuales, pero eso no es una participación en las ganancias sino que es una compensación de la participación en estas. Lo genuino sería decir: el 1% o el 5% se reparte entre los trabajadores. Ahora es más fácil hacerlo con aquellas firmas que tienen balance social.
–¿Por qué solamente el 20% de las empresas presentan el Balance Social?
–Porque no lo reclaman los sindicatos. Está en cabeza de las actividades sindicales, la obligación, el compromiso y el derecho. Nosotros recibimos copia, e incluso está establecido que no podemos hacer difusión de esos datos.
–Y, ¿a qué sectores pertenece ese 20%?
–En general, los bancos, Telefónica y Telecom, las petroleras. Pero los grandes hipermercados, por ejemplo, no lo presentan, aunque la ley dice que es obligación hacerlo frente a la asociación sindical para darle participación a los trabajadores, con copia a la Secretaría de Trabajo.
–¿El Estado tiene alguna forma de exigirle al otro 80% que entregue Balance Social?
–Tenemos que empezar a trabajar con los sindicatos. Me imagino que es un buen momento para que las grandes empresas entreguen el Balance Social.
–Si se aprueba el dictamen en Diputados de la participación de los trabajadores en ganancias. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno?
–No creo que tengamos ninguna duda en acompañar, ninguna en absoluto, porque está en la Constitución Nacional, está en la Ley de Contrato de Trabajo y es una vieja aspiración de los trabajadores. Además, la Argentina lo tuvo. En 1975, Segba tuvo directorio obrero y participación en las ganancias. En el caso de Aysa, el sindicato tiene, por el Programa de Propiedad Participada (PPT), un director en el directorio de la empresa con acceso a la información. Nosotros tratamos mucho con Atos, que tiene un convenio casi modelo por el cual también hicimos un Balance Social accesible a los trabajadores. Porque la otra trampa es que la empresa te entregue el balance que le da a los accionistas, que es chino básico. En cambio, el Balance Social, como la ley dice, tiene que ser accesible al trabajador: debe incluir inversión, si va a incorporar tecnología o reducir puestos de trabajo y accidentología. Ese Balance Social tiene que dar todos los datos que el trabajador debe tener para saber cuál es su destino en esa empresa y el futuro de esta. Es cierto que tendríamos que sentarnos con la CGT para exigir el Balance Social. Creo que si se aprueba la ley Recalde va a surgir automáticamente.
TRABAJO EN NEGRO
–El otro problema es el trabajo en negro… porque detrás se esconde la pauperización del empleo
–En los últimos años reducimos el trabajo en negro del 50% al 30%. Es un número importante por el tiempo que lleva el gobierno de la Nación. A todos nos gustaría irnos con 0% de trabajo negro. Además, recuperamos la inspección. El Ministerio de Trabajo en los ’90 perdió la capacidad inspectiva, que por ley se la dieron a las provincias, y muchas de ellas no tienen recursos para hacerla en serio, otras tienen recursos y deciden hacerlo o no hacerlo. Cuando llegué a esta Secretaría había 40 inspectores en todo el país, ahora hay 450. Empezamos a trabajar con las provincias. Y el 90% de las provincias nos acompaña porque nosotros podemos aportar los medios. En cambio, hay otras provincias que por su color político se oponen, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires. En Capital Federal uno de los sectores más complicados es el textil. Nosotros vamos solos, pero si fuéramos con la ciudad, el despliegue sería más importante porque además tenemos que ir con migraciones y resolver el problema de los trabajadores que están en condición de semiesclavitud.
–¿En qué sectores económicos el trabajo en negro es más grave?
–El primero, lejos, es el campo. La mayor parte de los trabajadores de temporadas están en negro. Ahí con el actual gobernador del Chaco, entonces senador (Jorge) Capitanich, sacamos el famoso convenio de corresponsabilidad gremial que se va a firmar con el tabaco, donde lo que se hace es firmar una tarifa que abarque aportes, contribuciones y obras sociales que el empleador paga en el momento que vende su producto. De esa manera no puede decir que carece de dinero y permite conocer los trabajadores que efectivamente han trabajado. La estimación presunta también nos puede ayudar, porque cuando la AFIP vaya y diga tiene tantas hectáreas, cultiva soja, que necesita tantos trabajadores por hectárea, sólo figuran cuatro y le corresponden más, tiene que pagar por la diferencia. Entonces, lo van a blanquear.
–¿Qué otras medidas conjuntas han tomado?
–Inspeccionar en el campo tiene determinadas características que nosotros tomamos como cómicas, pero que en algún momento fueron dramáticas. En el NEA, nos han dado vuelta camionetas, nos han encerrado inspectores, nos han acompañado amablemente al límite del pueblo para que nos fuéramos. Vamos con la Gendarmería. En algunos lugares de Corrientes les avisan y se escapan por el campo. Lo mismo pasa con el trabajo infantil. Estas cosas que parecen del siglo XVII aún ocurren. En algunos casos, con los gobernadores, hemos logrado que esos sectores empezaran a blanquear a sus trabajadores. En el trabajo doméstico se blanquearon muchas trabajadoras, pero es muy complicado porque no puedo entrar a una casa particular a verificar el aporte. El tercer foco es el tejido, pero ahí no hay que luchar sólo contra los talleres clandestinos sino contra las grandes marcas, porque el problema es si nos quedamos inspeccionando al señor boliviano cuando el problema es la cadena. Después está el tema del empleo tercerizado no registrado en la construcción
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